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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 10 de diciembre de 2019
UCS/109

 

Existe una interrelación entre los casos penales con lo contencioso administrativo

Ciertos casos de interés público en el ámbito penal, como la Refinería de Esmeraldas, del Pacífico o Singue, también se relacionan con lo contencioso administrativo porque existen juicios a la Contraloría General del Estado e impugnaciones a las glosas que emite.
 
“Apenas la Contraloría empieza sus exámenes, corre un plazo perentorio de 180 días (6 meses) para notificar su resolución, pero en muchos casos suele tomarse de dos a cinco años”, señala Martha Escobar, subdirectora de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la PGE.   
 
Por esa razón, los abogados defensores penalistas lo primero que argumentan en los procesos es que a nivel de lo Contencioso Administrativo ya está declarada la nulidad de la glosa de la Contraloría, por lo que se ve afectada la presunción de responsabilidad de este organismo.
 
Escobar cuenta que la Procuraduría trata de mantener acercamientos con los mandos medios de la Contraloría para mantenerlos informados de esta situación. “El problema es que los asesores del Contralor le dicen que no hay inconvenientes porque según la Ley el organismo dispone de siete años para realizar exámenes especiales de la documentación correspondiente a los procesos y, cuando empiezan los exámenes, solo disponen de ese plazo perentorio”, comenta.
 
Agrega que antes la Contraloría disponía de 210 días para emitir sus exámenes, pero redujeron ese plazo en el Gobierno de Rafael Correa. “La Contraloría se enteró del cambio en la Ley Orgánica de la Contraloría que se hizo en el Código Orgánico Integral Penal seis meses después”, expresó.
 
Para la experta, esta situación se debería revertir para mejorar la evacuación de los procesos penales y contenciosos administrativos.

 

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