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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 18 de diciembre de 2019
UCS/117

 

 

El Procurador Íñigo Salvador explica las causas que suspendieron la negociación con Odebrecht

El Procurador General del Estado Íñigo Salvador Crespo explicó hoy, miércoles 18 de diciembre de 2019, en Ecuavisa, las razones por las que se encuentra detenidas las conversaciones con la constructora brasileña Odebrecht a fin de determinar una reparación integral al Estado ecuatoriano.
 
El Procurador explicó que no es una tarea sencilla la determinación del daño causado por la empresa Odebrecht, a través de sus actos de corrupción, porque exige un análisis de cada uno de los contratos firmados por esa empresa. Reiteró que la reparación deberá ser en el ámbito material e inmaterial.
 
“Tenemos una cifra aproximada, que representa coimas de USD 50 millones, admitida por la compañía Odebrecht. Creemos que podría ser más, pero eso es solamente una parte del daño causado. También hay posibles sobreprecios, incumplimientos contractuales, entre otros. Pero, además, está el daño moral”, dijo el titular de la PGE.
 
En cuanto a la cooperación eficaz de Odebrecht, el doctor Salvador recalcó que la compañía no ha entregado toda la  información a la Fiscalía General del Estado. “Conforme avancen las conversaciones indemnizatorias debe continuar la entrega de esa información hasta su totalidad”.
 
También recordó que el 16 de octubre pasado, el contralor Pablo Celi tenía prevista una reunión con Félix Martins, antecesor de Mauricio Cruz Lopes, director regional de Odebrecht. Pero en días previos hubo las protestas sociales en las cuales fue incendiado el edificio de la Contraloría en Quito y se perdió buena parte de la información.
Sin embargo, se está reconstituyendo la base documental y tan pronto como haya la posibilidad real de contar con esa documentación “retomaremos las conversaciones con la compañía”. El Procurador espera que esto se concrete desde inicio del próximo año y de inmediato se redefinirá el calendario.
 
Para el Procurador, Odebrecht tiene que cumplir con el deber de indemnizar al Estado ecuatoriano y en eso trabajarán. Pero la constructora brasileña también debe cumplir sus obligaciones con los proveedores ecuatorianos trayendo fondos propios adicionales. Indicó que el Estado ecuatoriano tiene retenidos a la compañía  montos por encima de los USD 100 millones, en virtud de una medida cautelar dictada por la Fiscalía, en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht y ahora Sobornos 2012-2016.
 
“Es absurdo pensar que la única garantía que tiene el Estado ecuatoriano para resarcirse de los daños sufridos a manos de Odebrecht deba utilizarse para que esa empresa pague sus otras obligaciones”, enfatizó.

 

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