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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 07 de enero de 2020
UCS/06

 

Los jueces decidirán el monto definitivo sobre el daño causado al Estado

En una entrevista con Teleamazonas sobre el caso Sobornos 2012-2016, el Procurador Íñigo Salvador explicó que la participación de la PGE se debe limitar al tema de demostrar el daño causado al Estado.
 
Agregó que la Fiscalía se dedica a recabar las pruebas, en general, en la fase de investigación previa y luego se dedica a proponer el delito que se supone se ha cometido y acusar a los perpetradores. En cambio, la PGE “es la representante judicial del Estado y cada vez que hay un delito que afecta a alguno de los bienes jurídicos que detente al Estado, por ejemplo, en este caso es el cohecho, uno de los delitos que atenta contra la eficiencia del Estado”, dijo.
 
El Procurador subrayó que los delitos tienen dos fases: la fase de sanción, es decir, la pena a los delincuentes; y la de la reparación integral que en este caso corresponde recibir al Estado. “Nuestro papel dentro del proceso se circunscribe fundamentalmente a demostrar que el daño se ha causado y a cuánto asciende este”, anotó.
 
¿La PGE recopila pruebas y cómo va a demostrar ese perjuicio al Estado? El titular de la PGE subrayó que trabajo de recopilación de pruebas lo hizo ya la Fiscalía General del Estado, en la fase de investigación previa. Entre ellas hay algunas pruebas para determinar que se causó el daño al Estado y a cuánto asciende. Son pruebas de la más diversa índole pero, sobre todo: contable, informes periciales de los peritos designados por la Fiscalía para hacer el análisis contable de todas las facturas recibidas, de todos los informes, incluso información de otros tipos de prueba que lleven a determinar si se realizó el daño y a cuánto asciende, dijo.
 
El monto del daño al Estado
 
Según el Procurador, el monto definitivo sobre el daño al Estado también les corresponderá a los señores jueces decidir sobre la base de los aportes que haga la PGE desde el punto de vista fundamentalmente probatorio. También dijo que como dos de los empresarios han sido sobreseídos - el señor Caí Rungo de la empresa Sinohydro; y el señor Verdú en relación a su propia empresa - es probable que el monto inicialmente calculado por la PGE haya disminuido en algo pero, en todo caso, será una cifra en torno a los 7 millones de dólares.
 
El Procurador explicó que la PGE había propuesto (pero esto es algo que el tribunal deberá decidir si lo acepta o no) utilizar el artículo 286 del Código Penal antiguo porque estaba vigente al momento de los hechos. Este artículo tiene un dato para cuantificar el daño: multiplicar la cifra por 3. Así el monto de 7 millones de dólares multiplicado por 3 da entre 21 y 23 millones de dólares. Eso se tendrá que ver en el proceso, una vez excluidos los dos empresarios que fueron sobreseídos por la jueza Camacho.
 
Recuperar los dineros y los bienes
 
Pero advirtió que el primer paso es conseguir una sentencia en firme que determine que estas personas deben resarcir integralmente al Estado en base al esquema de los jueces, es decir, “quién se hará cargo de qué”.
Una vez con esa sentencia, dijo, le corresponde al Estado ecuatoriano a través de las instancias competentes, ir tras esos dineros. Esos recursos pueden estar en cuentas nacionales, en cuentas internacionales, o muy probablemente ya no estén en cuentas a nombre de los implicados directamente, subrayó.
 
Además explicó que pueden estar en bienes dentro y fuera del país, “ahí inicia una labor de búsqueda, de investigación, de rastreo de donde se encuentran esos dineros y en muchos casos se requerirá iniciar procesos en el exterior porque en estos proceso de lavado de dinero es lo que generalmente ocurre”, dijo.
 
El Procurador señaló que es necesario determinar si esos bienes fueron vendidos por un tercero de buena fe y ese tercero va a decir “yo no tenía ninguna idea y va a oponerse a que el negocio sea desecho y que a él le quiten el dinero que recibió”.
Subrayó que esa segunda parte es complicada y larga y es lo mismo que ha dicho en relación a todos los casos de corrupción. “El recuperar los dineros de la corrupción es una tarea larga y difícil en la que el Estado ecuatoriano está empeñado. Pero en la cual se encuentra a cada momento con obstáculos como el de este ejemplo”.
 
Alianza PAÍS
 
Para el doctor Salvador, el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los gastos electorales del exmovimiento político Alianza PAÍS bajo la dirigencia del expresidente Rafael Correa, no influye en nada en el caso Sobornos 2012-2016. “Ese informe se basa en la información, en los reportes que Alianza País sí presentó al CNE. Todo lo que se maneja en el caso Sobornos es el dinero que Alianza País nunca reportó al organismo electoral”, dijo.
 
Según el Procurador, en la teoría del caso que “nosotros hemos propuesto y que se ajusta casi en su totalidad a lo que la Fiscalía propone, justamente se trata que, a través de este cohecho se obtenía fondos adicionales a los que legalmente tenía Alianza País”, dijo.
 
Además explicó que se obtenía fondos adicionales para la financiación de actividades de campaña pero, en muchos casos, también fondos que eran recibidos en dinero por algunos de los funcionarios. En todo caso, agregó, eso ponía a Alianza País en una situación de ventaja frente a todos los otros contendores en las lides electorales, que no tenían acceso a esos dineros o no en la magnitud de Alianza País. “En la audiencia se dijo que eso explica por qué Alianza País durante ese período 2012 – 2016 ganaba todos los procesos electorales y tenía muchísima más plata que el resto de contendores”, recalcó.
 
Participación del expresidente y exvicepresidente de la República
 
El Procurador subrayó que en la teoría del caso que propuso su entidad existen estos niveles directivos donde tiene a la cabeza al expresidente de la República, Rafael Correa, y al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, sentenciado por asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht, que actuaba en algunos momentos de ese período como Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. También tiene a otros 3 ministros, quienes establecían los contactos con las empresas y ordenaban qué hacer con los dineros una vez recaudados.
 
En el proceso hay indicios suficientes, que esperan sean ratificados ya como pruebas en el juicio, para determinar que el expresidente de la República lideraba este esquema, tanto así, que hasta incluso fue beneficiario de él, dijo. También los otros altos funcionarios rotaban en varios ministerios de los sectores estratégicos, donde había una gran cantidad de contratos públicos cuantiosos, que servían justamente para desencadenar este proceso de cohechos, dijo.

 

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