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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 11 de febrero de 2020
UCS/31
 
Tres casos emblemáticos en que se aplica la acción de repetición

 

La Procuraduría General del Estado participa en tres casos emblemáticos de acciones de repetición: Camba Campos, Quintana Coello; y, Sarayaku. Dichas acciones tienen por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad por los hechos antijurídicos generados por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un funcionario o dignatario que actúa en nombre del Estado, mediante un procedimiento especial ante la jurisdicción contencioso administrativa. Se persigue el reintegro de lo pagado por el Estado en reconocimiento indemnizatorio que le haya sido impuesto en sentencia condenatoria por la vulneración de derechos.
 
Estos casos tienen como antecedente las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos: Corte Suprema (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador; Corte Suprema (Camba Campos y otros) vs. Ecuador; y, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador.
 
En los dos primeros fueron afectados los derechos de los jueces del ex Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente; mientras que en el caso Sarayaku, se vulneraron los derechos de la comunidad Indígena Kichwa Sarayaku.
 
Una vez cumplidos los parámetros establecidos en la norma, las máximas autoridades de las instituciones responsables y la Procuraduría General del Estado en el año 2016 presentaron las tres demandas conforme el procedimiento determinado en los art. 67 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
 
Los tres procesos se encuentran actualmente en sustanciación ante los respectivos tribunales de lo Contencioso Administrativo de las ciudades de Quito y Ambato.
 
Esta potestad estatal de interponer la acción de repetición descansa en el interés público y tiene una doble finalidad: buscar la recuperación del dinero pagado por el Estado a las víctimas de violaciones de derechos humanos, con lo cual se protege el patrimonio público; y, perseguir y prevenir conductas constitutivas de daño antijurídico, con lo cual se constituye en una herramienta para conseguir la eficiencia de la función pública y la sujeción de quienes actúan a nombre del Estado a la Constitución y la ley, como garantía a los ciudadanos, de que no se volverán a vulnerar sus derechos por parte de personas investidas de autoridad o función pública.

 

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