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  • Procuraduría presentó acusación particular por robo de combustibles.

Quito, 13 de noviembre de 2007/ 063

PROCURADURIA PRESENTO ACUSACION PARTICULAR POR ROBO DE COMBUSTIBLES

La Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en contra de varios ciudadanos, por la sustracción ilícita de Hidrocarburos y sus derivados en el Juzgado Séptimo de lo Penal de Pichincha.

La acusación particular se formula en contra de: Clara Isabel Yánez Bohórquez, Guillermo Herrera, Leo Geovanny Córdova Freire, Washington Mauricio Telinchano Caguano, Ramiro Leandro Moreira Bailón, Víctor Emilio Piloso Mojarrango, Luis Oswaldo Ocaña Morales, Iván Roberto Pullas, Carlos Sergio Clavijo Toaza, Marco Patricio Pantoja Acosta, William Ernesto Suárez Lastra, Boro Alquimides Sánchez Girón, Segundo Gonzalo Pruna Cando, Carlos León Santacruz, César Belisario Lozada Morales y Kléver Eduardo Ortiz Torres.

La decisión de la PGE refuerza la denuncia presentada por el Ministro de Minas y Petróleos ante la Fiscalía de la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos, por expresa violación a la Ley de Hidrocarburos reformada y al Código Penal.

El artículo 5 de la Ley, estipula que la “Sustracción de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, será sancionada con una pena de reclusión mayor ordinaria de seis a nueve años y multa de dos a tres mil remuneraciones básicas unificadas y el comiso de los bienes utilizados en la ejecución del delito”.

La Procuraduría General del Estado considera que el hecho constituye infracción de acción pública, punible y de instancia oficial y solicita que luego del debido proceso, se condene a los acusados a reclusión mayor no susceptible de fianza.

Así mismo, la Procuraduría solicitó que la Superintendencia de Bancos y Seguros, pida a las Instituciones del Sistema Financiero, que retengan y bloqueen las cuentas bancarias de los acusados.

De igual manera, los Registradores de la Propiedad y Mercantil de Quito, Guayaquil, Atacames, Esmeraldas, Manta y Salinas deben prohibir la enajenación de los bienes, que los acusados puedan tener registrados.

La Procuraduría, en defensa de los intereses del Estado ecuatoriano, pidió se les condene al pago de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios. Se estima que la infracción cometida, supera los DIEZ MILLONES DE DÓLARES (USD $ 10.000.000,00).

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