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El 23 de septiembre del año 2009, Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, presentaron 

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El Estado ecuatoriano no se encuentra involucrado

en el juicio de Lago Agrio ,este es un proceso

entre litigantes particulares; ni

el Estado ni ninguno de sus organismos es

parte en el proceso. Esta posición ha sido

expresada de forma continua por el

Procurador General del Estado.

El 23 de septiembre del año 2009, Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, presentaron una Notificación de Arbitraje contra la República del Ecuador, bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) de conformidad con el artículo VI(3) del Tratado Bilateral de Promoción y Protección reciproca de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador.

En su notificación de arbitraje, las demandantes alegan principalmente que el Ecuador ha incumplido las disposiciones del Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador al permitir que proceda el juicio instaurado en el año 2003 ante la Corte de Lago Agrio por habitantes de la amazonía contra Chevron Corporation.

Las demandantes alegan además que existe colusión entre el Estado ecuatoriano y los litigantes del juicio de Lago Agrio, en los cuales mediante actos y omisiones el Estado supuestamente pretende imponerle a Chevron Corporation “las obligaciones y responsabilidades públicas de remediación que les compete exclusivamente al Ecuador y a Petroecuador.”

Chevron busca a través del arbitraje, entre otras cosas, (1) una declaración de no responsabilidad por el impacto ambiental; (2) una orden en la que “se condene al Ecuador a informarle a la corte interviniente en el Juicio de Lago Agrio que a TexPet, su sociedad controlante, filiales y principales se los liberó de todo impacto ambiental surgido de las actividades del antiguo Consorcio; (3) una declaración que Ecuador debe en cambio “indemnizar”… a los Demandantes en relación con el juicio de Lago Agrio, incluyendo un pago a los Demandantes por todos los daños que pueden ser impuestos en contra de Chevron en el Juicio de Lago Agrio;” y (4) una “declaración de que Ecuador y Petroecuador es exclusivamente responsable por toda sentencia que pueda dictarse en el Juicio de Lago Agrio”.

POSICIÓN DEL ESTADO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE CHEVRON-TEXACO:

El Estado ecuatoriano no se encuentra involucrado en el juicio de Lago Agrio, este es un proceso entre litigantes particulares; ni el Estado ni ninguno de sus organismos es parte en el proceso. Esta posición ha sido expresada de forma continua por el Procurador General del Estado Dr. Diego García así como por sus predecesores.

Esta posición también ha sido expresada por el Presidente de la República Rafael Correa. Declaraciones hechas por el Presidente de la República en las que manifiesta su preocupación por la salud y condiciones de vida de los habitantes del Oriente ecuatoriano han sido y serán utilizadas por Chevron para fundamentar sus aseveraciones de colusión entre los actores del proceso y el Estado. De hecho, las declaraciones públicas hechas por representantes democráticamente electos acerca de asuntos de interés público son comunes no solo en Ecuador, sino también en otros gobiernos democráticos. (Por ejemplo, algunos representantes del gobierno americano expresaron su preocupación por las víctimas del derrame del Exxon – Valdez, y simultáneamente criticaron la respuesta de Exxon al desastre).

El discurso político no debe y no ha inhibido a los jueces independientes de cumplir con sus obligaciones.

ACUSACIONES EN TORNO A VIDEOS E INVESTIGACIÓN

Adicional a ello las demandantes han acusado al Estado de irrogar contra ellas un trato injusto y además denegarles justicia en torno al caso de Lago Agrio; para ello, han agregado acusaciones de corrupción que implican al ex – juez del juicio de Lago Agrio, Dr. Juan Nuñez, y a otras personas.

El 31 de agosto de 2009, Chevron publicó en su página Web videos secretamente grabados por un ciudadano ecuatoriano, Sr. Diego Borja, y un ciudadano americano Sr. Wayne Hansen.

En respuesta a la publicación de esos videos, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía General del Estado el inicio de una investigación; adicionalmente, solicitó al Consejo de la Judicatura efectúe igualmente una investigación con el fin de que se determine las sanciones administrativas en contra del Juez Nuñez, de ser el caso.

Como consecuencia del inicio de la investigación por parte de la Fiscalía General, y por pedido de su máxima autoridad, el Fiscal Washington Pesántez, el Juez Nuñez se separó del conocimiento del proceso de Lago Agrio.

Las investigaciones, tanto de la Fiscalía como la del Consejo de la Judicatura, han sido objetivas y continuarán, como no puede ser de otra forma, siendo efectuadas de forma objetiva, transparente y justa.

Las autoridades ecuatorianas se encuentran avocadas a: investigar cualquier conducta o evidencia que surgiera y que sea una violación a la Ley; sancionar a cualquier persona, sea esta particular o funcionario público que tenga responsabilidad penal, civil o administrativa; y además proteger la integridad del sistema judicial en general y del proceso de Lago Agrio en particular.

Al evaluar las alegaciones de Chevron de interferencia del Estado y de parcialidad, se debería considerar lo siguiente:

  • La acción ambiental fue inicialmente ingresada en los Estados Unidos. Desde 1993-2002, la predecesora de Chevron, Texaco Inc., buscó desechar esta acción argumentando que el caso debería ser decidido en las cortes de Ecuador. En apoyo a esta moción, Texaco entregó más de 10 declaraciones juramentadas de distinguidos expertos legales Ecuatorianos declarando que (a) las cortes de la República proveen más que un adecuado foro para los reclamos presentados por los demandantes de Aguinda, y (b) que tanto los ciudadanos Ecuatorianos y los oficiales locales tenían una fe justificable en el sistema judicial de la República.
  • Texaco también hizo que su departamento de relaciones gubernamentales realicen un borrador y envíen al Departamento de Estado de los Estados Unidos (así como también a la Corte Federal que llevaba el caso Aguinda) una nota diplomática con la firma del entonces Embajador de Ecuador en los Estados Unidos. Dicha nota diplomática urgía que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informen a la Corte Distrital de los Estados Unidos en el sentido que las partes pueden esperar tener un “juicio justo” en Ecuador. En base a sus múltiples representaciones en la Corte Federal de los Estados Unidos, Texaco prevaleció y el juicio ambiental en los Estados Unidos fue desechado, forzando a los demandantes a empezar de nuevo todo en la Corte Superior de Lago Agrio, Ecuador.
  • En otras ocasiones, como de hecho fue a fines del 2006, Chevron continuamente reafirmó su posición en las cortes de los Estados Unidos sobre lo adecuado de las cortes Ecuatorianas.
  • La alegación de Chevron de trato injusto en manos del sistema judicial Ecuatoriano es también desmentido por su propio record de éxitos en las cortes del Ecuador, incluyendo casos en contra del Gobierno del Ecuador. Por ejemplo:
    • En 1991, Chevron/Texaco Petroleum prevaleció en tres acciones judiciales de recusación presentados bajo litigación civil en contra del Gobierno, logrando exitosamente que los casos sean transferidos a un nuevo juez.
    • En el 2000, Chevron/Texaco Petroleum ganó un juicio tributario importante en contra del Gobierno.
    • En el 2002, Chevron/Texaco prevaleció respecto a los mociones del Gobierno para que se deseche tres casos civiles pendientes en la Corte Superior de Quito.
    • En el 2007, Chevron/Texaco Petroleum obtuvo una sentencia de USD 1,522,522 en contra del Gobierno.
    • En el 2008, Chevron/Texaco Petroleum prevaleció en su apelación para que se deseche un caso civil en contra del Gobierno en el cual se buscaba una sentencia de varios millones de dólares.
  • La independencia del sistema judicial Ecuatoriano es también ilustrada por el éxito de otras compañías extranjeras que han llevado juicios en contra del Gobierno en las cortes Ecuatorianas.
    • Una revisión de los casos tributarios, ingresados en las cortes de la República por o en contra de Servicio de Rentas Internas (SRI) revelan muchas sentencias a favor de compañías extranjeras en contra del Gobierno.
    • Las cortes de la República también han sentenciado recientemente en contra del Gobierno y a favor de City Oriente, invocando la decisión de medidas provisionales de un tribunal internacional de arbitraje.
    • A finales del año pasado, en un caso que involucraba al Banco del Pichincha y al Presidente Correa, la Corte Provincial de Pichincha (enQuito) emitió un fallo adverso al mismo Presidente, reduciendo una sentencia de daños a su favor en el monto de USD 4,7 millones (de USD 5,000,000 a USD 300,000), dejando al Presidente con un sentencia de daños tan solo del 6% del monto original.
    • Ecuador, como muchas otras naciones soberanas en la región, ha estado comprometida en reformas judiciales agresivas y exitosas desde inicios de los años noventa. Entre otras reformas, la República efectivamente abrió las puertas de las cortes a sectores previamente marginados de la sociedad, incluyendo a mujeres y comunidades indígenas, llevando a una explosión de la litigación en las cortes desde el año 1990 hasta 1996. El procedimiento de calificación de los funcionarios judiciales ha sido mejorado; se ha descargado funciones administrativas de los jueces; se han instalado computadoras; y el presupuesto judicial se ha incrementado. El sistema judicial es más independiente y mejor calificado de lo que fue durante el periodo de tiempo (de 1993 al 2002) en que Chevron estuvo presionando para mover el caso ambiental de Nueva York a Ecuador.
    • Enfrentado un juicio multi-billonario, no es de sorprenderse que Chevron está empleando recursos ilimitados atacando el sistema judicial de la República. De hecho, si hubiera alguna sentencia adversa en el juicio ambiental, la única oportunidad de Chevron para evadir el pago de billones de dólares es convencer a las cortes de los Estados Unidos (y tribunales internacionales) que la corte que ellos solicitaron que fuera la que adjudique la disputa actuó corruptamente. Los hechos no soportan las alegaciones extraordinarios de Chevron.

PETICIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO DE PROHIBIR LA CONTINUACIÓN DEL ARBITRAJE

El Estado ecuatoriano en ejercicio de su defensa frente al reclamo arbitral planteado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, presentó el pasado 3 de diciembre de 2009, ante la Corte de Distrito del Estado de Nueva York una petición que busca que dicha Corte prohíba a las mencionadas compañías el continuar con el reclamo presentado el 23 de septiembre de 2009. Como argumento, la República del Ecuador observa que Chevron –para inducir a la Corte Distrital de los Estados Unidos para desechar el caso ambiental a favor de un foro Ecuatoriano- prometió de manera reiterada a la Corte que aceptaría cualquier sentencia adversa que pueda ser dictada por la corte Ecuatoriana, sujeto solo a su derecho de impugnar una sentencia adversa en una apelación y en cualquier proceso de ejecución. Si se dicta una sentencia desfavorable, y si Chevron desea argumentar que cualquier sentencia fue viciada por la interferencia política o fraude, es libre de hacerlo bajo el contexto de ejecución, pero ha renunciado a su derecho de multiplicar la litigación al continuar iniciando nuevos procedimientos legales.

ACCIONES TOMADAS POR CHEVRON Y LOS DEMANDANTES DEL CASO LAGO AGRIO FRENTE A LA PETICIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO DE PROHIBIR LA CONTINUACIÓN DEL ARBITRAJE

Las compañías Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company presentaron una moción para desechar la petición de Ecuador. La República de Ecuador ha ingresado una moción para un juicio sumario. Estas Mociones serán discutidas el 10 de marzo de 2010.

Los demandantes de Lago Agrio han presentado también una acción en la Corte Distrital de los Estados Unidos en Manhattan buscando que se detenga el arbitraje. Chevron ha presentado una moción para desechar la acción; los demandantes de Lago Agrio han presentado una moción para un juicio sumario. Estas Mociones también serán discutidas el 10 de marzo de 2010.

COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

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