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Quito, 28 de noviembre de 2011

CS/053

 

El pasado viernes 25 de noviembre, el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, envió sus observaciones y respuesta al requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por Emilio Palacio y los directivos de diario El Universo, en relación al proceso judicial por injurias que se lleva a cabo en Ecuador.


Para el Estado ecuatoriano dicha solicitud es improcedente, ya que no cumple las condiciones de extrema gravedad, urgencia, irreparabilidad, inminencia, verosimilitud y temporalidad necesarias para el otorgamiento de medidas cautelares, puesto que en ella los solicitantes se limitan a exponer su inconformidad con los resultados preliminares de los procesos ventilados en la justicia ecuatoriana por una supuesta falta de independencia entre los poderes del Estado, y no demuestra un nexo de causalidad entre los hechos relatados y los derechos consagrados en los artículos 5, 7 y 13 (derecho a la integridad personal, libertad personal, y libertad de pensamiento y expresión, respectivamente) de la Convención Americana que se alega han sido violentados.

En su solicitud, Emilio Palacio y los directivos de diario El Universo alegan que, de ejecutarse la sentencia condenatoria, caerían en insolvencia y se declararía la quiebra económica de diario El Universo, además de que serían privados de su libertad, lo cual configuraría la presencia de un daño irreparable. Al respecto, el Estado ecuatoriano, con base en el derecho internacional, señala que un daño irreparable para las personas solo puede ser el resultado de una violación de sus derechos a la vida o a la integridad física –y probablemente de otros derechos protegidos por la Convención, siempre y cuando tengan una incidencia directa sobre el disfrute de esos derechos absolutos (vida e integridad personal)– pues en otros supuestos, generalmente relacionados con asuntos patrimoniales, sí es posible la reparación en el evento de un daño.

La posible censura, ruina y pérdida del patrimonio de los presuntos afectados como consecuencia de un proceso civil, así como la posible pena de prisión por un delito tipificado en la legislación penal ecuatoriana, no implica la existencia de un riesgo de daño sumamente grave y que, por ello, resulte urgente adoptar una medida cautelar. Entender la gravedad y la urgencia como lo sostienen los solicitantes implicaría que, para cada proceso civil que implique el pago de una indemnización compensatoria alta o para cada proceso penal que conlleve la posibilidad de prisión, los encausados puedan interponer ante el Sistema Interamericano solicitudes de esta índole, deslegitimando así la naturaleza subsidiaria del Sistema y de extrema gravedad de las acciones urgentes.

Justamente la naturaleza subsidiaria del Sistema Interamericano impide que la CIDH pueda pronunciarse en contra de procesos judiciales que aún se ventilan en el derecho interno. La única salvedad a esta máxima se da cuando existe al menos una presunción razonable que evidencie la existencia de violaciones a las garantías procesales consagradas en la Convención, hecho que no ha sido planteado por los presuntos afectados en su petitorio.

En consecuencia, el otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH en este caso implicaría no solo el prejuzgamiento sobre el fondo del proceso sino una intromisión manifiesta en la soberanía nacional, puesto que el Estado ecuatoriano aún no ha sido notificado con una petición planteada ante el Sistema Interamericano.

Otros antecedentes

El 24 de octubre de 2011, los señores Emilio Palacio Urrutia, César Enrique Pérez Barriga, Carlos Nicolás Pérez Lapentti y Carlos Eduardo Pérez Barriga (diario El Universo) presentaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El argumento utilizado por los solicitantes consiste en que la condena penal y civil emitida en su contra por la justicia ordinaria ecuatoriana configura una situación de extrema gravedad y urgencia que, de ejecutarse, les causará daños irreparables como personas, particularmente en el ámbito de sus derechos a la libertad personal, integridad personal, y libertad de expresión.

El 15 de noviembre, la CIDH pidió al Estado ecuatoriano que presentara, en un plazo de diez días, las observaciones sobre dicha solicitud y extendiera información referente a cinco preguntas sobre el proceso judicial que se lleva a cabo dentro del Ecuador.




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