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CHEVRON_IIFIn

Quito, 31 de agosto de 2011

CS/42

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El Procurador General del Estado, Dr.Diego García Carrión, y el Dr. Francisco Grijalva, Director de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la PGE, durante la rueda de prensa.

 

El día de hoy, 31 de agosto de 2011, el Tribunal Arbitral –constituido bajo reglas UNCITRAL– que conoció el caso iniciado en diciembre de 2006 por Chevron-Texaco (CHEVRON II) en contra del Estado ecuatoriano, por supuesta denegación de justicia, dictó su laudo final reduciendo considerablemente las aspiraciones de la multinacional petrolera.

Previamente, el 30 de marzo de 2010, a través de un laudo parcial, el Tribunal ya había aceptado los reclamos de la compañía en contra del Estado ecuatoriano y declarado al Ecuador responsable por la violación del Artículo II (7) del Tratado Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI) suscrito con Estados Unidos, al no haber otorgado a la empresa “medios eficaces para hacer valer las reclamaciones y respetar los derechos relativos a las inversiones, los acuerdos de inversión y las autorizaciones de inversión”.

En ese laudo parcial, el Tribunal fijó preliminarmente un monto por daños y perjuicios de aproximadamente 700 millones de dólares, que corresponde a la suma de los valores reclamados por la compañía en todos los juicios presentados en el Ecuador, más el interés simple calculado desde la fecha de presentación de las demandas en el país hasta la fecha de notificación del arbitraje (21 de diciembre de 2006). Adicionalmente, el Tribunal ordenó que, sobre esos casi 700 millones de dólares, se calcularan y pagaran intereses compuestos desde el 22 de diciembre de 2006 hasta la fecha de pago.

Sin embargo, por una adecuada defensa del Estado ecuatoriano, encabezada por la Procuraduría General del Estado y sustentada en la legislación tributaria ecuatoriana, el Tribunal Arbitral determinó, entre otras cosas, que los valores que reclama la compañía deben tributar el 87,31% de impuesto unificado, por lo que Chevron-Texaco sólo puede percibir 96’355.369 millones de dólares; esto significa una reducción de aproximadamente un 86% en relación al laudo parcial y, más aún, de un 94% sobre las aspiraciones de la compañía, originalmente calculadas en 1.600 millones de dólares.

Ecuador rechaza la decisión del Tribunal y anuncia acciones legales

No obstante la significativa reducción del monto por compensar, el Estado ecuatoriano rechaza el laudo final expedido por el Tribunal Arbitral, pues considera que no tiene validez legal y representa una grave injusticia.

La defensa del Estado ecuatoriano sostiene que las seis demandas de Chevron, planteadas entre 1991 y 1993 y que son la base de este laudo a favor de la compañía, no estaban amparadas por el TBI, porque éste entró en vigencia recién en 1997 y, como su aplicación no puede ser retroactiva, el Tribunal no tenía competencia para decidir sobre tales reclamaciones.

Y más grave aún, el Tribunal decidió que, como consecuencia de los retrasos judiciales, podía por sí mismo decidir sobre las seis demandas y tomar el lugar de los jueces ecuatorianos, ignorando por completo sus decisiones y sobrepasando su autoridad. Y  lo hizo a pesar de haber reconocido implícitamente que las cortes de Ecuador son competentes e independientes.

Además, la Procuraduría no acepta que los retrasos en la decisión de las demandas de Chevron-Texaco impliquen la violación de alguna disposición del TBI y discrepa con la interpretación del Artículo II (7) realizada por el Tribunal Arbitral. Según el Ecuador, el requerimiento del Artículo II (7) de medios efectivos se refiere a la provisión de un marco o sistema en virtud del cual puedan efectuarse reclamos y hacerse cumplir los derechos, pero no obliga a las Partes en el Tratado a asegurar que el marco o el sistema provisto sea siempre efectivo en casos particulares.

Por estas razones, el 7 de julio de 2010, el Ecuador inició una acción de nulidad del laudo de jurisdicción –con el que el Tribunal se declaró competente para conocer el caso– y del laudo parcial de marzo de 2010; además, en los próximos noventa días, iniciará una nueva acción de nulidad, esta vez del laudo final dictado por el Tribunal.

Las dos acciones de nulidad serán conocidas por el Tribunal Distrital de La Haya, sede del arbitraje y constituyen la primera instancia ante las Cortes Distritales de Holanda; luego cabría su revisión ante la Corte de Apelaciones y, en última instancia, ante la Corte Suprema de los Países Bajos.

“La defensa del Estado ecuatoriano agotará todos los recursos que estén a su alcance hasta obtener una decisión de última instancia, y que los laudos no perjudiquen a los intereses ni al desarrollo del país, por la enorme carga financiera que podrían representar”, añadió el doctor García.

 

- Acceso a documento: Caso "CHEVRON II" información ampliada al 31 de agosto de 2011 (Archivo PDF, peso: 262 kb)

- ENGLISH VERSION (PDF File, 62 Kb)

- VERSION ESPAÑOL DICTAMEN(Archivo PDF, 98 Kb)


 

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