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Desde ayer, 6 de julio de 2011, en San José, Costa Rica, se lleva a cabo la audiencia pública en el caso que sigue la comunidad de Sarayacu contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por una supuesta violación sistemática de sus derechos a partir de la concesión del Bloque 23 a la Compañía General de Combustibles en 1996 y la reanudación de prospecciones sísmicas en 2002.

Quito, 7 de julio de 2011

CS/033


Desde ayer, 6 de julio de 2011, en San José, Costa Rica, se lleva a cabo la audiencia pública en el caso que sigue la comunidad de Sarayacu contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por una supuesta violación sistemática de sus derechos a partir de la concesión del Bloque 23 a la Compañía General de Combustibles en 1996 y la reanudación de prospecciones sísmicas en 2002.

En la audiencia, la Procuraduría General del Estado –en representación del Estado ecuatoriano– se encuentra presentando los argumentos que ha sostenido a lo largo del proceso contencioso ante el Sistema y durante el proceso de medidas cautelares y provisionales.  Adicionalmente, la República del Ecuador, han presentado a los testigos y peritos que respaldan los argumentos del Estado.

En este proceso, los demandantes alegan, entre otras, supuestas violaciones a su derecho a la vida, integridad personal, al debido proceso y a las garantías procesales, además del derecho a la propiedad sobre sus tierras ancestrales, en conexión con el derecho a la consulta previa, libre e informada antes de la concesión petrolera.

Al respecto, el Estado sostiene que reconoció en 1992 el derecho a la propiedad ancestral sobre las tierras adjuntas al río Bobonaza de las comunidades que allí habitan, mediante una Resolución de Adjudicación de Tierras que, sin embargo, no menoscababa la facultad estatal de explotar y disponer de los recursos del subsuelo en esa zona y, llevar a cabo en ellos, proyectos de desarrollo a favor de toda la ciudadanía ecuatoriana.

Por otra parte, la CIDH caracterizó la obligación del Ecuador a realizar dicha consulta previa a la luz del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero el Estado ecuatoriano recién ratificó ese instrumento en 1999, por lo cual no se imponía su aplicación.

Y si bien la consulta previa fue consagrada en la Constitución de 1998, y ratificada en la de 2008, ante la ausencia de norma infraconstitucional en la materia, en marzo de 2010, la Corte Constitucional estableció que el resultado de una consulta previa no es vinculante para el Estado y sus instituciones, y que la opinión de los pueblos consultados no implica la imposición de su voluntad sobre el Estado.

En consecuencia, la defensa del Ecuador señala que debe observarse el principio de equilibrio entre el interés general y el interés particular, reconocido por la Corte IDH, pues una comunidad indígena, aunque debe ser respetada y protegida, no puede imponer su voluntad sobre toda la sociedad.

Otros argumentos de la defensa del Estado

El Estado ecuatoriano sostiene que ha facilitado permanentemente la participación de esa comunidad, de manera libre e informada, en las decisiones que los puedan afectar, a través de comisiones especiales y múltiples reuniones de trabajo llevadas a cabo entre el Estado, la comunidad de Sarayacu y otras aledañas, sobre temas relacionados con el Bloque 23.

En relación a presuntas violaciones al derecho a la vida e integridad personal por la no remoción de pentolita (explosivo usado en la exploración sísmica), el Estado ecuatoriano ha realizado múltiples esfuerzos para dar cumplimiento a esta disposición de la Corte IDH, pero la permanente insatisfacción y falta de consenso de los pobladores de Sarayacu, ha impedido que dichas gestiones puedan cumplirse por parte del Estado.

Finalmente, el Estado manifiesta que las restricciones de acceso al territorio en donde se ubica el Bloque 23, como consecuencia de la orden de la Corte IDH, han generado daños a comunidades aledañas que han sido víctimas de actos de violencia y agresión por parte de algunos pobladores de Sarayacu, y que, por ello, se han visto obligados a desplazarse a otras zonas.

- Información Caso Sarayacu (Archivo PDF, peso: 94 kb)

 

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