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ComisionIDH

Hoy, jueves 29 de marzo de 2012, ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, expuso la posición jurídica y las observaciones del Estado ecuatoriano en relación al tratamiento que ha dado la CIDH a las solicitudes de medidas cautelares y peticiones individuales, así como a la necesidad de garantías en los procedimientos en el Sistema Interamericano.

Quito, 29 de marzo de 2012

CS/70

EN REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL ESTADO ECUATORIANO Y LA CIDH

PROCURADOR PIDE MAYOR RIGUROSIDAD EN EL ANÁLISIS DE MEDIDAS CAUTELARES

ComisionIDH

Hoy, jueves 29 de marzo de 2012, ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, expuso la posición jurídica y las observaciones del Estado ecuatoriano en relación al tratamiento que ha dado la CIDH a las solicitudes de medidas cautelares y peticiones individuales, así como a la necesidad de garantías en los procedimientos en el Sistema Interamericano.

En su intervención, el Procurador García manifestó que, “el Estado ecuatoriano, al ser un país soberano y de orden democrático, tiene obligaciones internacionales reguladas por el derecho internacional y ha cumplido a cabalidad los tratados que por él han sido ratificados; sin embargo, la interpretación de dichos tratados debe considerar, indispensablemente, el objeto y fin para los que fueron creados”.

De manera particular, el abogado del Estado abordó el tema de las medidas cautelares que dicta la CIDH y recordó su naturaleza extra convencional, en tanto no fueron previstas ni en la Convención Americana de Derechos Humanos ni en su Estatuto, sino solamente en el Reglamento de la CIDH, que no ha sido ratificado por los Estados miembros, razón por la cual no son de cumplimiento obligatorio ni vinculante. Al respecto, hizo referencia también a los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad que el mismo Reglamento establece como condiciones indispensables para el otorgamiento de tales medidas a un peticionario.

Finalmente, el Procurador se refirió al derecho al debido proceso que tiene el Estado ecuatoriano en relación a las peticiones individuales y medidas cautelares en la CIDH, y fue muy claro al afirmar la necesidad de que la CIDH analice con rigurosidad las solicitudes para garantizar el principio de equidad procesal y el derecho a la defensa de ambas partes.

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