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El pasado martes 29 de octubre, a través de un comunicado de prensa, el asambleísta Cléver Jiménez afirmó que “el bufete de abogados Foley Hoag de EEUU, presidido por Paul Reichler, fue contratado por el gobierno ecuatoriano para la defensa en varias demandas internacionales, pese a que trabaja para la multinacional Chevron-Texaco […]”.

 

Quito, 02 de noviembre de 2013

CS/22

PROCURADURÍA RECHAZA DECLARACIONES DE ASAMBLEÍSTA JIMÉNEZ PORQUE PUEDEN AFECTAR GRAVEMENTE A LA DEFENSA DEL ESTADO

El pasado martes 29 de octubre, a través de un comunicado de prensa, el asambleísta Cléver Jiménez afirmó que “el bufete de abogados Foley Hoag de EEUU, presidido por Paul Reichler, fue contratado por el gobierno ecuatoriano para la defensa en varias demandas internacionales, pese a que trabaja para la multinacional Chevron-Texaco […]”.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado rechaza de forma categórica tales afirmaciones que, por falsas e irresponsables, pueden afectar gravemente a la defensa del Estado ecuatoriano, sobre todo en arbitrajes de inversión en jurisdicción extranjera.

Si bien el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría, mantiene una relación contractual con el estudio jurídico Foley Hoag LLP para la codefensa del Ecuador en varios litigios internacionales a partir de octubre de 2006, no es cierto que dicha firma trabaje para la compañía Chevron, sus filiales o empresas relacionadas.

En junio de 2009, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, solicitó al copresidente de la firma, doctor Paul Reichler, informara sobre un potencial conflicto de intereses relacionado con un contrato de Foley Hoag con una filial de Chevron en Birmania, en temas de observancia de derechos humanos.

A pesar de que el ámbito de ejecución de dicho contrato, así como los abogados que estaban a su cargo, no tenían nada que ver con los temas que la Procuraduría General del Estado trataba con Foley Hoag, durante el mismo mes de junio de 2009, la firma dio por terminada toda relación con dicha petrolera, en señal del compromiso profesional y la importancia que daba a nuestro país y sus litigios internacionales.

Vale mencionar que Foley Hoag, fundada en 1943 en Boston (Massachusetts), es una de las más reconocidas firmas jurídicas estadounidenses especializada, entre otros temas, en arbitrajes y litigios internacionales, cuya experiencia y resultados exitosos en representación de países latinoamericanos, llevaron a que el Estado ecuatoriano contara con sus servicios para enfrentar –en conjunto con los abogados de la Procuraduría General del Estado– algunos de los más importantes arbitrajes de inversión en los que ha intervenido nuestro país, tales como:

  • Caso OXY: fase de medidas provisionales, cuya participación coadyuvó a que el Tribunal, de forma unánime, rechazara las medidas solicitadas por la petrolera.
  • Caso M.C.I.: ante la pretensión de anular un laudo favorable al Ecuador, su participación coadyuvó a que el Panel de Anulación del CIADI rechazara la pretensión de la transnacional.
  • Caso Murphy I: en un primer arbitraje bajo reglas CIADI, su participación coadyuvó a obtener un resultado favorable al Ecuador debido a la demostrada falta de jurisdicción del Tribunal.
  • Caso Murphy II: en un segundo arbitraje bajo reglas CIADI, su participación coadyuvó a que la compañía retirara su demanda.
  • Caso Chevron II: fase de compensación, cuya participación coadyuvó a que se redujera en un 90%el monto de un laudo contrario al Ecuador.

La Procuraduría General del Estado demanda de los actores políticos una actuación más responsable en el tratamiento de los temas relacionados con la defensa del Estado. El análisis apresurado y la ligereza de los comentarios vertidos, que incluyen referencias parciales a documentos privilegiados por la relación cliente-abogado obtenidos de forma poco clara, pueden favorecer las tesis de las empresas transnacionales que litigan contra el Ecuador, por lo cual esta Institución se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en contra de quienes pretendan afectar a la defensa del Estado.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Teléfono: (02) 2 559 308

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