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CASO ISAÍAS

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CASO MEDIDAS CAUTELARES HNOS. ISAÍAS DASSUM CONTRA INMOBILIAR DICTAMEN APROBADO POR EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS - ONU

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-003
Quito, 02 de octubre de 2018
 
 
CASO MEDIDAS CAUTELARES HNOS. ISAÍAS DASSUM CONTRA INMOBILIAR

 

Los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, a través de su procurador Judicial, el doctor Jorge Zavala Egas, el 19 de julio de 2018 presentaron en la ciudad de Guayaquil la acción de medidas cautelares autónomas contra el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, a fin de que se ordene a la entidad demandada se abstenga de continuar con las enajenaciones de los bienes incautados por la ex Agencia de Garantía de Depósitos.
 
Los hermanos fundamentaron la aplicación de las medidas cautelares en el Dictamen CCPR/C/116/D/2244/2013, que emitió el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Dictamen no hace referencia al derecho a la propiedad de los hermanos Isaías y mucho menos a la incautación de bienes, únicamente se estableció que el Estado ecuatoriano debe concederles un recurso efectivo en sede nacional, el cual los accionantes plantearon ante el Banco Central del Ecuador, sin haber continuado con su impugnación, ante los jueces competentes.
 
La acción de medidas cautelares recayó en la competencia del juez de la Unidad Judicial Norte 2 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Guayaquil. Con fecha 20 de julio de 2018, el Juez concedió las medidas cautelares solicitadas por los accionantes, sin que se notificara a la Procuraduría General del Estado. Cabe resaltar que en este tipo de acciones el juez, de considerarlo, puede convocar a audiencia pública previamente a dictar su resolución, situación que en el presente caso no sucedió.
 
La Procuraduría General del Estado en conocimiento extraoficial del auto resolutorio, y en coordinación con INMOBILIAR, presentó el 25 de julio de 2018, la revocatoria del auto resolutorio y solicitud de audiencia pública, con la finalidad de sustentar técnicamente la indebida fundamentación en la concesión de las medidas y exponer el real alcance y contenido del dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU; esto es, que el Comité no trató sobre el derecho de propiedad de los hermanos Isaías, así como tampoco sobre la incautación de los bienes, su recomendación, se basó en que el Estado ecuatoriano brinde un recurso efectivo a favor de los peticionarios, mismo que fue presentado ante el Banco Central del Ecuador, sin que los hermanos Isaías continúen con la debida impugnación tanto en sede administrativa, como judicial conforme lo ordena la Norma Fundamental.
 
Por su parte, el juez de la Unidad Judicial, atendiendo el pedido de la entidad demandada y de la Procuraduría General del Estado, convocó a audiencia pública el 9 de agosto de 2018, diligencia a la cual, por la relevancia y connotación del caso, comparecieron a ejercer la defensa técnica del Estado el Director Nacional de Patrocinio y la Directora Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado.
 
Con fecha 17 de agosto de 2018, el Juez modificó las medidas cautelares con base en la argumentación de la Procuraduría General del Estado expuesta en la audiencia, y determinó que los Hnos. Isaías, en un plazo no mayor a 90 días, presenten la acción principal tendiente al cumplimiento del Dictamen expedido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
 
Sin perjuicio de haber alcanzado que el juez establezca la temporalidad (90 días) en la resolución de las medidas cautelares, misma que no la consideró el juez en su primera resolución, por cuanto este confundió que ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU se estaría llevando un proceso que concluiría con una decisión final o de fondo, situación que no es cierta; la Procuraduría, INMOBILIAR y el Banco Central interpusieron un Recurso de Apelación ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
 
El recurso de apelación recayó para su sustanciación en la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas.
La Procuraduría General del Estado solicitó ser recibida en audiencia pública, pedido que fue atendido favorablemente por la Sala Penal. El 21 de septiembre de 2018, se desarrolló la diligencia a la que compareció el Director Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, representantes de INMOBILIAR y del Banco Central del Ecuador.
 
Con fecha 25 de septiembre de 2018, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas emitió su resolución confirmando el auto dictado por el Juez de instancia, de fecha 17 de agosto de 2018, y todo lo actuado.
 
Finalmente, la Procuraduría General del Estado, dentro del marco de sus competencias y atribuciones que le otorgan tanto la Constitución de la República del Ecuador y la ley, continuará ejerciendo la defensa de los legítimos intereses del Estado ecuatoriano, esto es, realizando todas las acciones que el caso amerita, así como también, presentando los recursos correspondientes, que franquea el ordenamiento jurídico vigente.
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL – UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: 2941300 Ext. 2321
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