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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 07 de noviembre de 2019
UCS/63

 

ESTERILIZACIONES FORZADAS DE MUJERES INDÍGENAS EN LAS AMÉRICAS

La mesa esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas en América Latina en el Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos abordó la violación a los derechos humanos de 294.000 indígenas peruanas durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1996 y 2000.
 
En Perú, durante la presidencia de Alberto Fujimori, se esterilizaron a 272.000 mujeres y a 22.004 hombres como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. La mayoría de mujeres y de hombres eran indígenas pobres y vivían en el campo. El objetivo de ese Gobierno era terminar con la pobreza a través del control de la tasa de natalidad, sin embargo, esas esterilizaciones fueron a la fuerza, sin consentimiento de las víctimas y violaba sus derechos reproductivos.
 
Según el portal digital Latinoamérica Post, más de 2.000 mujeres han testificado que los médicos practicaron los procedimientos en contra de su voluntad, denunciaron grupos de derechos humanos.
 
La feminista peruana Emilia Salazar explicó que los casos de esterilizaciones forzadas son un crimen de lesa humanidad: 211.00 no recibieron información completa. Fueron mujeres indígenas, pobres y de zonas rurales.
 
Según ella, fue un crimen de lesa humanidad porque fue un ataque a una población específica. “En el gobierno de Fujimori, en 1992, se declaró como el año de la austeridad y se aplicó un plan sobre la política demográfica. Empezaron a hacer ligaduras, fue toda una organización desde el Presidente hasta los médicos y las enfermeras”, dijo.
 
Ella subrayó que las asociaciones de derechos humanos han estado luchando por alcanzar justicia y sanciones, mientras que el Estado hizo un registro de víctimas forzadas. También hubo casos de hombres que sufrieron la vasectomía y hay cinco mujeres muertas. Salazar hace un llamado a la CIDH para recoger otros casos como estos.
 
Lisa Reinsberg, de la organización International Justice Resource Center, espera obtener el reconocimiento de que las esterilizaciones son una violación múltiple de derechos en Canadá y en Perú. Se requiere hacer un trabajo con los sobrevivientes para saber dónde están las brechas y sobre todo la discriminación. La mayoría de países reconocen este crimen, pero no hay un seguimiento, dijo.
 
Mientras Margaret Macaulay, relatora sobre los derechos de la mujer en la CIDH, quien ha trabajado sobre este tema, tiene dos elementos: La Comisión fue creada para tratar los derechos de la mujer y tiene mecanismos especiales para tratar los asuntos de esterilización forzada contra las mujeres.
 
Ella señaló que hay grandes obstáculos en las mujeres indígenas para el disfrute de sus derechos y auto determinación cultural. En todas las sociedades este tipo de violencia constituye un ataque y las ha llevado a una forma especial de discriminación. “Tenemos información que la Comisión ha sido informada de casos en El Salvador y Colombia. Pero también he solicitado información a otras naciones como Brasil”, dijo.

 

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