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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 08 de noviembre de 2019
UCS/65

 

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ACUDIRÁ A LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA COMO ACUSADOR  PARTICULAR

EN EL CASO “SOBORNOS 2012-2016”

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, acudirá el lunes 11 de noviembre a la audiencia preparatoria de juicio por el caso denominado “Sobornos 2012-2016”, en la Corte Nacional de Justicia.
 
El Procurador sustentará la acusación particular en contra de 24 exfuncionarios del anterior gobierno: Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de la República, y otras autoridades de la administración pública, entre ellos: Vinicio Alvarado Espinel, María de los Ángeles Duarte Pesantes, Alexis Mera Giler, Viviana Bonilla Salcedo y Walter Solís Valarezo, así como en contra de varios empresarios y contratistas del Estado.
 
La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó esa acusación ante la jueza nacional Daniella Camacho Herold, el pasado 28 de agosto, porque encontró indicios de responsabilidad penal por el delito de cohecho, tipificado en el artículo 286 del Código Penal.
 
La PGE llegó a esa conclusión luego de analizar el expediente de la investigación previa y la instrucción fiscal que tiene más de 500 cuerpos e informes periciales, evidencias documentales y testimoniales.
 
De esa evidencia se desprende que se habría instaurado un esquema de corrupción que utilizó como plataforma varias instituciones del Estado, dirigidas o representadas de manera cíclica, consecutiva y recurrente por los mismos funcionarios designados por el expresidente Rafael Correa, en calidad de ministros y secretarios de Estado.
 
Ellos estuvieron en funciones durante el periodo comprendido entre 2012 y 2016 y habrían adjudicado contratos y suscrito convenios con empresarios nacionales y extranjeros.
Esos exfuncionarios utilizaron como mecanismo de retribución económica la figura del convenio de pago en contratos de construcción de obras de infraestructura para el Estado por montos millonarios.
 
De esa manera contravinieron lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y se presume que recibieron sobornos de parte de esos empresarios.
 
Estos sobornos se utilizaron para varios fines y beneficiaron de manera directa al movimiento Alianza País y a un selecto grupo de militantes, simpatizantes y personas cercanas al expresidente Rafael Correa. 
 
Esos fondos sirvieron como aportes a candidaturas nacionales y seccionales, así como pagos de diversa índole tales como: prestación de servicios, mítines políticos, préstamos personales, traslados, alimentación, cumpleaños del expresidente, entre otros.  Se presume que estos pagos se entregaron en efectivo, en sobres, o mediante el denominado “cruce de facturas”.    

 

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