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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 21 de noviembre de 2019
UCS/89

Casos penales en los que la Procuraduría actúa como acusadora particular

Desde que el procurador Íñigo Salvador asumió su mandato en julio de 2018, la  entidad intervino como acusadora particular en procesos judiciales.
 
En el caso Secom, por ejemplo, está procesado el exsecretario de comunicación,  Fernando Alvarado. Durante su gestión se hicieron presuntas contrataciones que -a criterio de la Fiscalía y la Procuraduría- fueron  innecesarias e injustificadas, para beneficiar a terceros. La PGE está a la espera de que la Corte Nacional convoque a audiencia de juicio.
 
El caso Secom II, por ejemplo, se dio tras una cobertura que se realizó en la visita del Papa Francisco a Ecuador, del 5 al 8 de julio de 2015. Las investigaciones determinaron que no hubo necesidad de contrataciones ni se hicieron de la forma  prevista por la ley. El proceso se lo hizo a través de convenios de pago, es decir, fuera el sistema de Contratación Pública.
 
Un caso que se lleva a cabo en Guayaquil es del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, procesado por enriquecimiento ilícito. Es de conocimiento público que se declaró la nulidad del proceso, ante lo cual la Fiscalía y la Procuraduría rechazaron esa decisión y esperan la apelación.
 
Además, están el proceso que se sigue en contra de Sofía Espín, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y exasesora del exvicepresidente Jorge Glas. Y el de la abogada de Rafael Correa, Yadira Cadena, por presunto fraude procesal, que está en suspenso. Espín está prófuga y reside en Bolivia. La PGE espera la convocatoria a la audiencia preparatoria de juicio.
 
Otros caso de intervención de la PGE como acusación particular es el de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña. Ella está acusada de haber cometido el delito de concusión y espera la audiencia de juicio. Lo mismo ocurre con la exasambleísta de Alianza PAIS (AP), Norma Vallejo, en este caso se posponen las convocatorias previas por problemas de salud de la acusada. En Singue, el pasado  15 de noviembre, se llamó a comparecer a todos los procesados, pero aún no hay la convocatoria a la audiencia de juicio.
 
Por último, está el caso Sobornos 2012-2016 que se encuentra en la etapa de audiencia preparatoria de juicio por el delito de cohecho agravado. La PGE pidió que se dicte el auto de llamamiento a juicio, así como se ratifiquen las medidas cautelares, personales y reales que se encuentran vigentes.
 
Alicia Contero, subdirectora de lo Civil y Penal de la Procuraduría General del Estado, señaló que no todos los casos que lleva la PGE tienen acusación particular porque no se han reunido todos los elementos para ello. “No nos olvidemos que presentar una acusación particular acarrea el hecho de que en algún momento los jueces deben calificar si la acusación es maliciosa y temeraria y eso conlleva sanciones para quien la presente”, explicó.
 
Una acusación particular se debe presentar antes de que termine la instrucción fiscal. Hay que reunir todos los elementos de convicción: la existencia del delito y si las personas fueron acusadas por Fiscalía tienen participación como autores o cómplices. Los hechos tienen que estar tipificados en la normativa legal. La Procuraduría interviene cuando hay un perjuicio al patrimonio del Estado y se cuantifica ese daño.

 

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