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María Fernanda Álvarez Alcívar es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derechos Humanos, por la London School of Economics and Political Science (Inglaterra).

Desempeñó funciones en la Defensoría del Pueblo, como Directora Nacional de Derechos del Buen Vivir; en el ex Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como Directora de Derechos Humanos.

Actualmente se desempeña como Directora Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, representando al Estado ecuatoriano ante los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Naciones Unidas.

También ejerce como catedrática en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito.

 

En noviembre de 2019 la PGE estuvo presente en la Corte IDH en Costa Rica. ¿A cuál evento asistió? Coméntenos un poco sobre este tema.

La visita que hizo la Procuraduría a la Corte fue para tratar algunos temas.
 
Tuvimos una reunión con el equipo de seguimiento a las sentencias dictadas en contra del Estado. La Corte verifica si están cumplidas; de ser así se cierra el caso, de lo contrario, continúa con el seguimiento.
 
Al momento tenemos algunas sentencias que están en supervisión de cumplimiento. Lo que solemos hacer, es revisar este tema con la persona a cargo del portafolio de casos de Ecuador.
 
Si bien la Procuraduría no está a cargo directamente de ejecución de las resoluciones -porque no ejecuta la política pública, o el presupuesto en ese sentido- como abogados del Estado hacemos un seguimiento a todo el portafolio de casos. Parte de nuestra gestión es tratar de cerrar la mayor cantidad de casos que tiene el Estado ecuatoriano todavía abiertos.
 
¿Y se cierran ya cuando el Estado está ejecutando la sentencia?
Se cierran cuando la Corte Interamericana considera que las medidas ordenadas en sentencia ya fueron cumplidas en su totalidad.
 
¿Y luego se pueden reabrir los casos?
 
No, ya se cierran. Cuando la Corte emite una sentencia es la resolución definitiva, no hay un recurso que uno pueda solicitar.
Sin embargo, cuando está en etapa de ejecución de cumplimiento, se podrían realizar audiencias de supervisión para revisar tal medida ordenada por la Corte como demasiado general; señalar que el Estado necesita más claridad con respecto a cómo ejecutar esa medida.
 
Esto viene a ser como otro proceso, pero si la Corte considera que todo está cumplido, puede ordenar el archivo del caso.
 
Otra gestión que realizó la Procuraduría en la Corte IDH fue obtener un proceso de capacitación para nuestros funcionarios. Esto se debe a que en este año la Dirección de Derechos Humanos de la Procuraduría tuvo un incremento sustancial del número de trámites que apertura la Corte IDH y el número de casos que tenemos ante la Corte Interamericana.
 
En el primer semestre del año 2020 tendremos al menos cuatro audiencias en la Corte IDH. Para la Procuraduría es fundamental que los funcionarios que están a cargo estén capacitados y den una respuesta más eficiente, debido a que no podemos incrementar el número de funcionarios. 
 
Otro tema que revisamos es el calendario de audiencias en el 2020 para planificar las respuestas por escrito, como las intervenciones en audiencias.
También participé como jueza en la ronda final de un concurso de DD.HH., organizado por el Instituto Interamericano en conjunto con la Universidad de Costa Rica.
 
La Corte IDH respaldó este evento en el que participaron las universidades de la Región (de los países que forman parte de la Comisión Americana). En la final estuvo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Andrés Bello de Venezuela. Esta competencia tiene varias fases y la ronda final fue en la sede de la Corte.
 
Esa es una experiencia académica muy interesante, de hecho empecé mi trayectoria con los concursos de Derechos Humanos: fui representante de la Universidad Católica en Washington, en el concurso que organiza la American University.
 
La experiencia como tal fue muy enriquecedora, debe ser una de las experiencias académicas en la que más aprendí, la que más me formó. Allí conocí al Procurador ya que luego de esta experiencia en Washington, y al ser profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica, le pedimos que se vinculara a nuestro equipo (representante de la Universidad) como entrenador. Esto fue para la competencia que se organizó en Colombia por la Universidad Javeriana.
 
¿Y quién ganó?
 
La Universidad Andrés Bello. Y es una experiencia académica porque los jueces interrumpen bastante las presentaciones de los participantes con la finalidad de comprobar su conocimiento en el Sistema Interamericano, jurisprudencia, doctrina, estándares, etc. Se valora mucho no solamente la presentación y los argumentos sino la capacidad que tienen los participantes de responder a las preguntas de los jueces y regresar a su argumento. La elección del ganador fue difícil ya que dos equipos eran similares.
 
¿Cómo se contrapone no? en Venezuela donde pasan tantas cosas uno cree que desconocen del tema pero al parecer lo dominan…
 
Si… de hecho en Venezuela hay varios juristas, expertos en el Sistema Interamericano, expertos en Derechos Humanos que son de Venezuela.
 
¿Cómo pueden entender las organizaciones sociales que la PGE tiene que defender al Estado pero eso no quiere decir que va en contra de los DD.HH.?
 
Creo que esa es una relación complicada. Yo empecé mi vinculación con el área de los DD.HH. desde el otro lado, es decir, cuando terminé la experiencia académica de los concursos, me vinculé con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica.
 
Ahí lo que hacía era presentar demandas en contra del Estado. Es una relación difícil porque nosotros como Procuraduría tenemos un cliente atípico, normalmente un abogado defiende los intereses de una parte pero nosotros defendemos los intereses del Estado que es defender los intereses de todas y todos las ecuatorianos.
 
Es difícil también la relación entre las ONG y el rol que cumple la Procuraduría porque cuando se habla de los Derechos Humanos estos son entendidos como nuestras garantías frente al poder del Estado, pero resulta que el Estado no es una entidad única y tangible, el Estado está formado -como le decía– no solamente por las instituciones sino por todos los ecuatorianos.
 
Además, es difícil entender que las violaciones a Derechos Humanos son o deberían ser situaciones excepcionales porque al final del día el principal obligado a cumplir los derechos es el Estado. No se puede concebir la teoría de los Derechos Humanos sin entender que hay un obligado principal que es el Estado y lo que debería buscar toda teoría de DD.HH. es justamente ratificar que ese Estado funcione bien en garantía de los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción.
 
Creo que en la gestión del doctor Salvador, las organizaciones de DD.HH. están entendiendo la tarea de la Procuraduría de una manera tal vez un poco menos adversa o un poco menos en el rol de víctima  -  enemigo (la PGE en el rol de enemigo).
 
También es importante entender que la Procuraduría, como abogado del Estado, tiene distintas fases de intervención. En una primera fase –a la cual el Procurador quiere darle énfasis-  está el rol de asesoría a las instituciones y esto debería permitirnos disminuir la litigiosidad, evitar que en un futuro se presenten demandas en contra del Estado.
 
Otra fase, a la cual el Procurador  también le está dando énfasis, es el lograr acuerdos en materia de Derechos Humanos. No en todos los casos es posible, y no en todos los casos depende únicamente de la voluntad del Estado.
 
Y, por último, tenemos la fase en la que llegamos al litigio. Como le decía, el primer semestre tenemos varias audiencias, y en ese sentido el rol de la Procuraduría también está en defender los intereses, en revisar los hechos del caso y hacer una argumentación para que el Estado pueda recibir una sentencia argumentada en el marco del Derecho Internacional Público y de los  DD.HH.
 
El rol de la Procuraduría no es negar las violaciones a los derechos humanos, no es defender a quienes en su momento fueron los responsables de estas violaciones; el rol de la Procuraduría es hacer una argumentación técnica jurídica que exija a la Corte Interamericana realizar un análisis para que nos entregue una sentencia fundada en derecho, una sentencia clara, y que nos entregue las medidas que, como Estado ecuatoriano, debemos cumplir.
 
¿Por qué estos procesos son tan largos? Es decir, porque nosotros como ecuatorianos tenemos primero que agotar todas las instancias en Ecuador para luego ir a una Corte IDH en donde hay procesos que se demoran 10 años. ¿Por qué no se puede ir directamente a la Corte Interamericana?
 
Su pregunta tiene dos componentes: el uno es porque se le exige a la alegada víctima de violaciones que agote todo internamente y luego por qué también va a tener que pasar tanto tiempo en un proceso en el Sistema Interamericano.
 
Lo primero tiene que ver con un principio fundamental en la protección internacional de los Derechos Humanos, como ya hemos conversado, el principal obligado en respetar y garantizar los derechos es el Estado.
 
En función de esto, los organismos internacionales de protección actúan cuando el Estado ha demostrado que no puede actuar. Hay algo que se llama el principio de subsidiariedad o principio de complementariedad que es uno de los pilares fundamentales de los sistemas internacionales de protección, esto significa que el Estado debe tener internamente la oportunidad de dar respuesta a las alegadas violaciones de DD.HH., por eso es que un caso, antes de salir a instancias internacionales, transita por muchas instituciones.
 
¿Y si esto no sucede, si la Corte no acepta la demanda?
 
Esa es una de las principales herramientas que tienen los Estados, el agotamiento de los recursos internos es uno de los principales requisitos de admisibilidad en una petición ante el Sistema Interamericano.
 
¿Y por qué la Corte IDH se demora tantos años?
 
Esa es una discusión distinta. Ese es uno de los principales reclamos que se le hace al Sistema Interamericano. Donde más se demora una petición es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
El diseño de la protección internacional del Sistema Interamericano tiene primero una fase ante la Comisión Interamericana, la cual no es un juez, no es un tribunal, no tiene la potestad de emitir resoluciones jurídicamente vinculantes para el Estado.
 
Una vez que el caso ya pasa a la Corte Interamericana los tiempos se reducen sustancialmente porque la Corte si tiene plazos que tiene cumplir de acuerdo a su reglamento.
 
Uno de los cuestionamientos que hacen los Estados ante la Comisión Interamericana es precisamente que un caso demore más de 10 años en tramitación. La Comisión ha intentado tener estrategias que le ayuden a eliminar el retraso procesal, entendemos que uno de los efectos de eso es que ahora la Comisión está, ha incrementado sustancialmente sus inicios de trámite lo cual implica una carga laboral para ellos y para el Estado. Pero sí, ese es uno de los principales cuestionamientos.

 

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