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BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 31 de enero de 2018
UCS/02

 

Luego de 10 años de gestión:
RENUNCIA DE MANERA VOLUNTARIA, DIEGO GARCÍA CARRIÓN, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

 

El día 31 de enero de 2018, el doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, ha tomado la decisión personal de renunciar irrevocablemente al cargo para el que fue posesionado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de 2015, luego de que el 29 de enero del mismo año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizara su designación.

 

El doctor García ha señalado: “Mi renuncia responde única y exclusivamente a la decisión personal y familiar de concluir una importante etapa de servicio público, para retomar la actividad privada y regresar al libre ejercicio profesional al que dediqué la mayor parte de mi vida y que interrumpí cuando fui llamado al importante reto de hacerme cargo de la defensa legal de los intereses del Estado.”

 

La renuncia se realiza cerca de cumplir 10 años liderando la defensa jurídica del Ecuador, responsabilidad para la que fue designado por la Asamblea Constituyente en el año 2008, y luego nombrado nuevamente por la Asamblea Nacional, el 18 de enero de 2011, después de su designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana, el 13 de enero de 2011.

 

De acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes, como lo prevé el Art. 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado en concordancia con el Art. 236 de la Constitución de la República, le corresponde la subrogación del Procurador al Subprocurador General del Estado, cargo que ocupa el doctor Rafael Parreño Navas desde el mes de mayo del año 2008.

 

Al concluir sus funciones, el Dr. García, entrega el Informe de Gestión 2008-2018 que contiene datos estadísticos sobre los resultados obtenidos por la defensa del Estado a escala nacional e internacional, información de los casos relevantes que se han manejado a lo largo de los 10 años de administración, así como el Informe con la Rendición de Cuentas 2017.

 

Desde el año 2008, la PGE enfrentó con éxito y obtuvo importantes resultados en materia de arbitraje de inversiones, defensa que le permitió evitar el pago del 83% de los valores reclamados por los inversionistas, en medio de un Sistema de Solución de Controversias de Inversión que hoy es cuestionado a nivel mundial.
García señaló que: “La experiencia del Ecuador será una contribución importante en la discusión de las reformas al Sistema de Solución de Controversias de Inversión, así como para incorporar estándares de protección más claros y obligaciones más equilibradas entre inversionistas y el Estado, en los acuerdos de inversión que el Ecuador pueda suscribir en el futuro dentro de su política de atracción y promoción de inversiones”.

 

Como muestra del trabajo coordinado entre instituciones, la PGE ha liderado el proceso de salida del Ecuador de la lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo hecha por el GAFI, para lo cual se elaboró un Plan de Acción que permitió superar tales deficiencias con la participación de las autoridades del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLA), presidido entonces por el Procurador General del Estado.

 

Por otra parte, la PGE también ha liderado desde lo jurídico, una posición crítica frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que busca mejorarlo, respetando las obligaciones internacionales adquiridas por el Ecuador en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido recibida en tres ocasiones en los últimos 10 años, dos de ellas por invitación de la PGE.

 

Como Procurador General del Estado, Diego García Carrión, enfrentó una de las más importantes controversias internacionales bajo el Sistema de Solución de Controversias de Inversión ante el CIADI, el caso OXY, por una cuantía que superaba los 3.400 millones de dólares, al mismo tiempo que eran notificadas otras controversias importantes bajo Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) como fueron las controversias que dieron lugar al inicio de los arbitrajes de las petroleras Perenco, Burlington y Murphy, originadas en la aplicación de la Ley 42-2006, que buscó devolver el equilibrio económico financiero a los contratos de participación para la explotación petrolera en el Ecuador.

 

Durante el año 2017, el seguimiento de los procesos penales dados como consecuencia de actos de corrupción en la administración o contratación pública en el país, se ha convertido en un eje fundamental de la actuación de la Procuraduría General del Estado, en el ejercicio del derecho de la víctima (en este caso el Estado) para presentar acusaciones particulares que le permitan impulsar una reparación integral de parte de quienes causaron el daño.

 

La recuperación de la reparación integral en casos de corrupción tendrá mayores posibilidades de éxito en la medida en que se vincule a los procesos penales a las personas jurídicas involucradas en los delitos. En ese sentido, la PGE propuso los artículos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas que fueron incorporados en el COIP estableciendo un hito en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para que, de esta manera, se pueda vincular, procesar y sancionar a las personas jurídicas.

 

En el sistema legal ecuatoriano, la acusación particular no es una exigencia para tener derecho a la reparación integral; no obstante, la Procuraduría se encuentra impulsando varias acusaciones particulares que buscan la reparación integral al Estado.

 

En cuanto a la defensa del Estado en jurisdicción nacional, los resultados obtenidos son 7 de cada 10 sentencias favorables al Estado ecuatoriano a lo largo de 10 años. La PGE también ha actuado en defensa de todas las instituciones del sector público sin distinción de importancia geográfica, poblacional o económica, menos aún de identificación política.

 

En su intervención el doctor Diego García Carrión señaló: “Debo reconocer la profunda satisfacción de haber servido a mi país, con absoluta responsabilidad y entrega, forjando la consolidación de la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado, como una entidad líder en el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la vigencia de la constitucionalidad, el derecho y la ley, en cada una de sus actuaciones en defensa de los intereses del Ecuador.”

 

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Diego García Carrión es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Comenzó su ejercicio profesional como miembro del Estudio Jurídico García Feraud & Hijos, centrando su práctica en el derecho civil, comercial, bancario, corporativo, contencioso administrativo y laboral. Inició su carrera en la función pública como Jefe del Departamento Legal de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Durante los periodos 2000-2003 y 2006-2007 fue delegado de los presidentes de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano y Dr. Alfredo Palacio González, en el Consejo Nacional de Valores entre 2003 y 2006 se desempeñó como Conjuez Permanente del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo en Guayaquil. Ejerció el cargo de Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República del doctor Alfredo Palacio, entre abril de 2006 y enero 2007; en ese mismo periodo fue, además, representante del Presidente de la República al directorio de Petroecuador y director de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

 

Desde abril de 2008 hasta el 30 de enero de 2018, se desempeñó como Procurador General del Estado, nombrado primero por la Asamblea Constituyente de Montecristi y luego por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Diego García Carrión además fue Presidente del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

 

En su calidad de Procurador presidió los Consejos Directivos del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) y del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLA).

 

Al frente de la Procuraduría ha liderado los equipos de defensa de los casos más importantes en los que ha estado involucrado el Estado ecuatoriano tanto en el ámbito nacional como internacional.

 

En efecto, durante su gestión ha estado a cargo de procesos arbitrales internacionales como aquellos planteados en contra del Ecuador por las compañías Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, Murphy Exploration and Production Company-International, Occidental, Burlington, Perenco, Ulysseas, Copper Mesa Mining, Merck Sharp & Dohme, entre los más importantes.

 

Asimismo, ha intervenido de manera directa en la defensa del Estado ecuatoriano en más de un centenar de casos ante los organismos que conforman el sistema interamericano de Derechos Humanos.

 

Tanto en materia de controversias Inversionista-Estado como en el campo de derechos humanos se ha encargado de posicionar la visión del Estado ecuatoriano en foros académicos y técnicos, convirtiendo al Ecuador en un referente regional, lo que se ha traducido en convenios de cooperación suscritos entre la Procuraduría con las instituciones pares de algunos países de Latinoamérica. En el cumplimiento de este objetivo ha impulsado la publicación de cuatro obras:

 

  • • La visión crítica del arbitraje de inversiones desde la experiencia del Ecuador
  • • Caso Chevron: Defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión
  • • Caso Oxy: Defensa jurídica de una decisión soberana y en derecho del Estado ecuatoriano
  • • Visión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde la experiencia del Ecuador

 

Ha intervenido como expositor en eventos académicos como los organizados por la Universidad de Yale, Georgetown, Sorbonne, Oxford entre otras y en eventos organizados por instituciones de países como Italia, España, Suiza, Colombia, Argentina, Bolivia y Chile.

 

 

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